Rodolfo Montes de Oca
El pasado 10 de
mayo de 2011 se aprobó en primera discusión la
Ley Orgánica contra Discriminación
promovida por la bancada oficialista en el hemiciclo. Aunque falta una segunda
discusión, considero pertinente hacer un análisis previo a su futura
promulgación para informar sobre el posible alcance de esta normativa.
Para comenzar es
necesario acotar que la emotiva y extensa exposición de motivos, entra en
flagrantes contradicciones debido a que pone el “locus de dominación o locus de explotación”, en el factor racial,
entendidas estas como el agente externo causante de las injusticias en el país,
lo cual no solo es una situación desfasada sino que no se acopla con la
realidad nacional, debido a la conocida multiculturalidad del venezolano. Por
lo cual aunque tiene una clara orientación emancipadora y reinvidicativa, esta
exposición de motivos es letra muerta.
En el Art. 5 del
proyecto normativo se establece el principio de salvaguarda, al considerar a
los grupos de afrodescendientes y
pueblos originarios como un grupo
vulnerable, por lo cual en el Art. 6 se
establece que: “El
Estado, en corresponsabilidad con los diferentes actores de la sociedad,
personas naturales y jurídicas, de carácter público y privado, tienen el deber
de promover la transmisión y difusión de mensajes para la prevención,
eliminación y erradicación de toda forma de discriminación racial, fomentando el
respeto a la diferenciación de las culturas y la igualdad de todos los seres
humanos ante la Ley.”
Continuando con lo anterior es necesario acotar que en el Art. 9 del
citado proyecto, se prohíbe el
establecimiento de perfiles fenotípicos o raciales, entendidos estos de formas
amplias por el legislador lo cual puede incurrir en interpretaciones extensivas
de la misma, que en un futuro puedan generar arbitrariedades por parte de la Administración Publica.
Es necesario acotar que la propuesta legislativa no
solo afecta a los afrodescendientes, pueblos originarios, extranjeros sino que
también hace clara referencia a las personas discapacitadas o los denominados
jurídicamente como grupos vulnerables (niños, niñas, adolescentes, mujeres y
trabajadores residenciales)
Entre las
eventuales contradicciones se encuentra que se define en el Art. 11 n° 6 de la
propuesta legislativa al “Indígena” como “Persona descendiente de un pueblo indígena, que mantiene la identidad
cultural, social y económica con su pueblo o comunidad, se reconoce a sí misma
como tal y es reconocida por su pueblo y comunidad aunque adopte elementos de
otras culturas.” Cuando su expresión exacta tal y como lo consagra la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela como “pueblos originarios”
y no indígenas porque precisamente tiene un carácter peyorativo contrario en
teoría con lo promulgado por el estado social y de derecho que rige en el país.
En el Art. 13 se establecen la obligación de crear instancias dentro de la Administración Publica
que velen por el cumplimiento , “Los
órganos del Poder Público, deben colaborar entre sí, creando instancias propias
en cada uno de sus órganos y entes, para articular políticas, proyectos,
programas y actividades para prevenir, eliminar y erradicar la discriminación
racial.” Mientras que en el Art. 15 se establece la obligación estatal de garantizar dicho cumplimiento.
De vital importancia reviste el Art. 19 mediante el cual se establece que “Los órganos y entes
competentes en materia educativa y cultural deben elaborar y ejecutar planes,
programas, proyectos y actividades para promover conocimientos y valores de
aceptación, tolerancia, comprensión y respeto a la diversidad cultural, a fin
de erradicar los estigmas y estereotipos de género y de origen étnico en los
instrumentos pedagógicos y didácticos utilizados en el Sistema Educativo.”
Similar a esto
se recuerda que en el Art. 20 se
establece la obligación de que los medios de comunicación municipales “están
obligados a incluir en su programación contenidos dirigidos a la prevención,
eliminación y erradicación de la discriminación racial” por lo cual se aconseja a que esta consideración
sea tomado en cuenta para la futura diagramación y contenido del portal
informativo de la Alcaldía.
Dentro de las iniciativas innovadoras de la Ley se encuentra la creación del Instituto Nacional Contra la Discriminación Racial
(INCODIR) cuya creación, funcionamiento, atribuciones, sede y patrimonio;
mientras que en el Capitulo III se regula su conformación, Consejo Directivo,
Consejo General, los requisitos de sus integrantes así como las funciones de su
estructura piramidal.
En el Art. 50 se
consagra un ilícito penal y un tipo punible de la siguiente forma: “El que incurra en el delito de discriminación
racial en cualquiera de sus manifestaciones, será penado con prisión de uno (1)
a tres (3) años y como pena accesoria el cumplimiento de cien (100) horas de
servicio social comunitario.” Lo cual representa un exabrupto debido a que
el Código Penal que en teoría es el texto que debería regular esa competencia,
no incluye la privación de la libertad para discriminaciones raciales.
Mientras que en
el Art 54 se establece la trasmisión de la obligación de reparación del daño
causado a los herederos siempre y cuando acepte la herencia bajo beneficio de
inventario. Así como una multa que va desde las 50 hasta las 100 Unidades
Tributarias si en los locales no se exhibe un cartel contra la discriminación
racial, tal y como se desprende del Art. 20 del proyecto de Ley.
Criticas
Tal y como se
evidencia en el texto legal, con excepción de las sanciones y de claro carácter
punitivo y pecuniario o de la regularización de un nuevo ente estatal, no se
genera acciones de inclusión o de compensación real con las personas
discriminadas tal y como ocurre con la Executive Order
10925
o el Employment Equity Act de Canadá
que buscas una participación real de las denominadas “minorías” o grupos de excluidos en las decisiones de forma y fondo
que se tomen en la sociedad.
Otra de las
críticas puede ser la esgrimida por Kenji Yoshino, según el cual las formas
actuales de discriminación, mucho más sutiles que las tradicionales, están
dirigidas a propender por una homogenización dentro y entre grupos y a atacar,
en consecuencia, a los miembros de los mismos que se niegan a asimilar los
estándares dominantes. Es decir, que se produce un sesgo hacia la asimilación
en el que se protege únicamente aquellos rasgos inherentes a la persona (el
color de la piel, el género, etc.), pero no los elementos “accesorios”, que pueden ser alterados, pero que constituyen para
éstos parte de su identidad. Por razones obvias, las acciones afirmativas no
sirven para eliminar esta forma de discriminación, pues únicamente hace
distinciones a partir de elementos inherentes a la persona y no brinda ninguna
protección para efectos de conservar rasgos “prescindibles”. Es por esto que Yoshino aboga a favor de reclamos
fundamentados, no en argumentos de igualdad –que es el derecho/principio/valor
que se protege mediante una acción afirmativa-, sino que defiende una
aproximación a partir de la libertad de que deben tener todas las personas para
gozar de los mismos derechos, si así lo desean.
Esto puede ser
una consecuencia derivada de lo que el escrito situacionista
francés Guy Debord denomino la “Sociedad
del Espectáculo” mediante la cual “una relación social entre la gente
que es mediada por imágenes” por lo cual las dinámicas de interrelación
entre los seres humanos es mediada por la mercancía, la imagen y el
espectáculo, generando de esta manera una exclusión basada en un objeto
accesoria que puede definir un determinado estatus social. Vgr: El uso de
Blackberrys o de zapatos de una determinada marca en un sector popular.
Por otra parte,
de acuerdo a lo establecido por el investigador Ariel Dulitzki
[]
para el caso de América Latina, y particularmente en lo que se refiere a la
discriminación racial, este tipo de medidas no serían efectivas para mitigar la
discriminación. Esto, en tanto que la negación generalizada del fenómeno en la
región y el argumento según el cual la mayoría de latinoamericanos son
mestizos, invisibiliza a los indígenas y negros pues no permiten identificar
realmente a estos grupos, ni les permite definirse como tales. En estas condiciones,
se hace imposible utilizar mecanismos de acción afirmativa, pues si el objetivo
de la política ni siquiera está plenamente identificado –si no es posible
establecer quién es indígena o quién es negro pues no se ha dado la posibilidad
de definirlos como tales- la medida resulta inocua.
Con especial
referencia a los pueblos originarios, es necesario acotar que su creciente
irrupción en el panorama político es dado más por una situación de
reconocimiento de sus derechos políticos-sociales inherentes a cualquier ser
humano que por una exclusión basada en un fenotipo racial determinado, esto se
evidencia dentro del amplio movimiento de reivindicación mapuche, zapatista y
aymara, cuyos reclamos se centran en una mejor calidad de vida,
autodeterminación como pueblo y reconocimiento de su memoria histórica que con
una exclusión basada en su color de piel.
El movimiento situacionista sería la denominación del
pensamiento y la práctica en la política y las artes inspirada por la Internacional Situacionista (1957-1972), si bien el
sustantivo situacionismo suele
ser rechazado por los autores del mismo. Esta corriente, cuyo planteamiento
central es la creación de situaciones, emergió debido a una
convergencia de planteamientos del marxismo
y del avant-garde
como la Internacional Letrista y el Movimiento para una
Bauhaus Imaginista (MIBI). En 1968
el movimiento propuso el comunismo consejista como orden social ideal.
