Informe Anual| Situación de los Derechos Humanos en Venezuela | Enero – Diciembre 2015
Te presentamos la vigésimo séptima edición de nuestro Informe Anual correspondiente al período enero-diciembre de 2015 en el que registramos los avances, retrocesos y estancamientos de las políticas públicas en 14 derechos humanos en Venezuela.
El contexto en que se realizó esta nueva edición de nuestro Informe Anual es particularmente sensible debido a las amenazas para las garantías constitucionales y libertades democráticas, promovidas por la gestión del Presidente Nicolás Maduro a través de la creciente militarización del Estado y la sociedad, el ascenso del autoritarismo y las respuestas no democráticas frente a los reclamos ciudadanos.
El prólogo de este año ha sido escrito por Federico Andreu, representante para Suramérica de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).
Por su parte el Informe Especial que acompaña a esta publicación, es el reporte realizado conjuntamente por Human Rights Watch y Provea sobre los abusos policiales y militares ocurridos en el marco de la ejecución del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) entre los meses de julio y diciembre de 2015.
El Informe Anual 2015 de Provea ha sido dedicado a dos defensores de Derechos Humanos que son referentes para la causa de la justicia y la igualdad: Jesús Dolara (Chus), fundador de Amnistía Internacional Venezuela y pionero en la lucha por los derechos humanos en nuestro país y Berta Cáceres líder indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente hondureña, asesinada por su defensa de los demás el 03.03.2016.
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Informe Anual| Situación de los Derechos Humanos en Venezuela | Enero – Diciembre 2016
Te presentamos la vigésimo octava edición de nuestro Informe Anual correspondiente al período enero-diciembre de 2016 en el que registramos los avances, retrocesos y estancamientos de las políticas públicas en 14 derechos humanos en Venezuela.
El contexto en que se realizó esta nueva edición de nuestro Informe Anual es particularmente sensible debido a la instauración de una dictadura moderna en Venezuela, desde el pasado 20 de octubre de 2016, fecha en la que el gobierno de Nicolás Maduro a través del sistema de administración de justicia, suspendió la solicitud de activación del mecanismo de referendo revocatorio presidencial, y con ello el derecho al sufragio. El contexto es además complejo debido a la grave crisis económica que erosionó la garantía de los derechos sociales en el país, generando un acelerado aumento de la pobreza y la exclusión.
El prólogo de este año ha sido escrito por Rocío Silva Santisteban, periodista, poetisa y activista de DDHH. Ex Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos del Perú.
Por su parte el Informe Especial que acompaña esta publicación, es un trabajo titulado “La ruta hacia la dictadura: separata especial sobre el quiebre democrático en Venezuela” en el que se relata y analiza los pasos que dio Nicolás Maduro y su equipo de gobierno para convertirse en la primera dictadura moderna del siglo XXI en América Latina.
El Informe Anual 2016 de Provea ha sido dedicado a todas las personas que han sacrificado su vida y su libertad en la incansable lucha por el rescate de la democracia en Venezuela. También, a la memoria de Lucio Segovia, entrañable amigo y aliado incondicional en la lucha por los derechos humanos y la organización comunitaria, quien partió el 21 de agosto de 2017. Que el universo lo reciba con su luz.
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Informe Anual| Situación de los Derechos Humanos en Venezuela | Enero – Diciembre 2017
Presentamos la 29ª edición de su Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, correspondiente al período enero-diciembre de 2017, en el que se registran los principales avances, retrocesos, obstáculos y amenazas para la realización de 14 derechos humanos en nuestro país.
Durante 2017 Provea registró los peores indicadores en materia de derechos humanos desde 1989, fecha en que comenzamos la elaboración del Informe Anual. En Venezuela formalmente no hay un conflicto armado ni una guerra, pero hay tantas víctimas como si lo hubiera. La emergencia humanitaria compleja, la violencia institucional y la inseguridad han convertido el derecho a la vida en el derecho más violentado. Personas cuya salud se deteriora irreversiblemente por hambre y falta de medicamentos, por no recibir atención médica oportuna y adecuada, por la violencia institucional bajo la modalidad de ejecuciones policiales o militares, así como por el uso excesivo de la fuerza y muerte por la acción de la delincuencia. Se acentuó lo que ya desde hace dos años advertimos: que con el gobierno de Nicolás Maduro se vivía una situación de exclusión en lo social y exclusión en lo político, afianzando las desigualdades, aumentando la discriminación y reduciendo a su mínima expresión el derecho a la participación en los asuntos públicos.
Durante el período que abarca este Informe, la población venezolana continuó viviendo el deterioro de su calidad de vida, pero a su vez fue protagonista de la primera rebelión popular venezolana del siglo XXI. La respuesta de Nicolás Maduro fue asumir una actitud indolente ante el sufrimiento, ordenar a sus fuerzas militares y policiales recurrir al uso excesivo de la fuerza ante la protesta social, y afianzar su dictadura imponiendo por vía fraudulenta una asamblea nacional constituyente que desconoce la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.
El prólogo de este Informe Anual fue escrito por David Smilde, Profesor de sociología en la Universidad de Tulane, EEUU, asociado a la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), una organización no-gubernamental de DDHH.
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Informe Anual| Situación de los Derechos Humanos en Venezuela | Enero – Diciembre 2018
El 2018 estuvo signado por las secuelas de la derrota de la Rebelión Popular de 2017. En abril de 2018, en el marco de su primer aniversario, Provea divulgó el documento “Reflexiones sobre la Rebelión Popular de abril de 2017” para estimular el debate en el seno de las organizaciones sociales. En primer lugar se reconoció que la Rebelión Popular de abril-julio 2017 había sido derrotada por la dictadura, un resultado adverso que generaría una serie de consecuencias para los esfuerzos que promueven el regreso de la democracia. Para frenar la indignación de las multitudes, el gobierno sacrificó el último elemento simbólico positivo que le quedaba de los días de Hugo Chávez: la Constitución de 1999, mediante la imposición fraudulenta de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Esta decisión aceleró las disensiones internas en el universo bolivariano y ayudó a la conformación de un sector que bajo diferentes denominaciones (chavismo crítico, originario o disidente) se sumó en grados variables a la confrontación del autoritarismo.
El final abrupto de las movilizaciones de calle otorgó al gobierno una estabilidad que fue calificada por Provea como “precaria”, siendo el siguiente hito de la confrontación un escenario diferente: la realización de elecciones presidenciales en 2018, sin garantías democráticas y con la posibilidad de una alta abstención. Sin embargo, Maduro demostró que estaba dispuesto a reprimir hasta donde fuera necesario para preservar el poder, teniendo para ello el respaldo de las élites de las fuerzas armadas del país.
La crisis económica ha provocado a su vez una profunda crisis en derechos humanos, configurando una emergencia humanitaria compleja (EHC). La EHC es una situación en la que la causa de la crisis no es una catástrofe natural o un conflicto bélico, sino decisiones políticas que comprometieron gravemente la capacidad de la autoridad para proporcionar servicios y protección vital a la población.
Diferentes ONG venezolanas, desde 2014, habíamos alertado a los organismos internacionales de protección a los derechos humanos sobre el deterioro de la infraestructura hospitalaria y el agravamiento de la escasez de insumos hospitalarios y medicamentos en el país. Asimismo, sobre la dificultad en el acceso a los alimentos debido al retroceso de la capacidad adquisitiva del salario de los venezolanos, sumado al progresivo proceso de hiperinflación.
El prólogo de este Informe Anual fue escrito por Jimena Reyes, Directora para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
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Informe Anual | Situación de los Derechos Humanos en Venezuela | Enero – Diciembre 2019
Presentamos la 31ª edición de nuestro Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, correspondiente al período enero-diciembre de 2019, en el que se registran los principales avances, retrocesos, obstáculos y amenazas para la realización de 14 derechos humanos en nuestro país.
Desde una perspectiva de derechos humanos, el año 2019 en Venezuela se caracterizó por la profundización del debilitamiento de la institucionalidad democrática, la continuación de la crisis de los servicios básicos, una amplia protesta social y, por último, la visita a Caracas de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Dra. Michelle Bachelet.
La falta de voluntad gubernamental para revertir estas situación motivó la activación de tres mecanismos de protección internacional para monitorear la situación de los derechos humanos en Venezuela: La Misión de Determinación de Hechos designada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un nuevo mandato a la Oficina de la Alta Comisionada enfocado en DESC, y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esto, aunado al avance de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo y el Examen Preliminar de la Corte Penal Internacional, ambos mecanismos activados desde 2018.
El prólogo de este Informe Anual fue escrito por Michelle Reyes, Coordinadora Regional para las Américas, Coalición por la Corte Penal Internacional. Profesora Ordinaria, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú.
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Informe Anual | Situación de los Derechos Humanos en Venezuela | Enero – Diciembre 2020
Informe Anual | Situación de los Derechos Humanos en Venezuela | Enero – Diciembre 2021
Entre enero y diciembre de 2021 los hechos que tuvieron
influencia en la situación de los derechos humanos en Venezuela se agruparon en
cuatro tendencias: 1) el afianzamiento de la crisis de la institucionalidad
democrática, a pesar de la realización de las elecciones parlamentarias, junto
a una erosión de la representatividad de las fuerzas políticas polarizadas; 2)
el ajuste económico de Nicolás Maduro que está generando una desigualdad
histórica; 3) la actuación de los organismos internacionales obligó a las
autoridades a tomar decisiones para intentar evitar el escalamiento de sus
mecanismos de protección y monitoreo, y 4) amenazas y hostigamiento a la
sociedad civil e intentos de mayor clausura del espacio cívico.
Persisten los retrocesos en derechos sociales
Entre enero y diciembre de 2021 los hechos que tuvieron
influencia en la situación de los derechos humanos en Venezuela se agruparon en
cuatro tendencias: 1) el afianzamiento de la crisis de la institucionalidad
democrática, a pesar de la realización de las elecciones parlamentarias, junto
a una erosión de la representatividad de las fuerzas políticas polarizadas; 2)
el ajuste económico de Nicolás Maduro que está generando una desigualdad
histórica; 3) la actuación de los organismos internacionales obligó a las
autoridades a tomar decisiones para intentar evitar el escalamiento de sus
mecanismos de protección y monitoreo, y 4) amenazas y hostigamiento a la
sociedad civil e intentos de mayor clausura del espacio cívico.
En 2021, 94,5% de las personas consultadas por la Encuesta
Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) estaba en situación de pobreza y, de
estas, 76,6% en pobreza extrema. De hecho, los indicadores de la pobreza
multidimensional asociados a la seguridad alimentaria y nutricional se vieron
afectados por los relacionados con educación y los servicios públicos como agua
y electricidad.
Para enero de 2022, el salario mínimo integral en Venezuela era el equivalente a 10 bolívares digitales en razón de la nueva expresión monetaria, es decir, $2,18 de ingreso al mes, el más bajo de Latinoamérica.
La pensión de los adultos mayores pasó en mayo de Bs. 1,8 a Bs. 7 bolívares digitales. Como contrapartida, las remesas familiares se han transformado en uno de los motores de la economía de Venezuela y ya representan al menos el 10% del PIB, un dato que supera unas cinco veces el ingreso por venta de petróleo.
Las brechas entre empleados públicos y privados se ampliaron. 58% de los trabajadores del sector privado están en condición de pobreza extrema, mientras que en el sector público la cifra alcanza 75%.
En el sector privado, solo 10% no es pobre, y en el sector público, solo el 4%. La crisis de movilidad afectó aún más las ocupaciones y oportunidades laborales de los pobres.
El hambre en Venezuela continúa en ascenso y con pronóstico desfavorable. La FAO ha estimado un incremento de la proporción de personas que sufrirían de hambre en Venezuela, a saber: 33,2% en 2019-2021, 38,4% en 2021-2023 y 61,7% en 2028-2030.
Desde el punto de vista cualitativo, entre 2019-2020 y 2021 la inseguridad alimentaria, en sus formas leve y moderada, estuvo alrededor de un tercio cada una, y uno de cada cuatro hogares refirió inseguridad alimentaria severa, específicamente la relacionada con experiencias asociadas al hambre.
Esto fue más acentuado en los hogares en pobreza extrema, que redujeron el gasto en alimentos en 13,3% en este mismo periodo.
El acceso económico a los alimentos continúa siendo precario debido al incremento constante de precios y el bajo poder adquisitivo de los hogares.
La Sociedad Venezolana de Pediatría reveló que el 20% de los niños menores de 6 seis meses sufren de desnutrición.
La reducción de las capacidades del sistema sanitario público continuó intensificándose en 2021. Tras 22 meses de pandemia generada por el Covid-19 –y el estado de colapso estructural en el que se encuentra hace más de seis años–, el sistema mostró una caída operativa de servicios que alcanzó hasta 70% en 2019 y más de 80% entre 2020 y 2021.
Provea registró un total de 71.186 denuncias de personas que sufrieron vulneraciones del derecho en los centros de salud públicos de Venezuela, un incremento de 340% con respecto al año anterior.
En materia educativa, aun cuando no hay cifras oficiales de matrícula de los sistemas de educación básica y universitaria, las estimaciones de organizaciones independientes muestran que la conjunción de la educación a distancia y los efectos de la Emergencia Humanitaria Compleja disminuyeron la asistencia escolar: la tasa de escolaridad de 2021 según la Encuesta Nacional sobre Juventud (ENJUVE) es la más baja desde 2014; según la Encuesta Nacional de Establecimientos Educativos, 682.000 niños abandonaron la escuela básica desde 2018 y de acuerdo a los resultados de la ENJUVE, 821.000 jóvenes de 15-19 años y 880.000 de 20 a 24 años abandonaron la educación formal en los últimos dos años.
Las mujeres siguen víctimas de la desigualdad
En el Informe Anual 2021, Provea incluyó un capítulo especial sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres venezolanas, donde se registraron abusos, inconvenientes y amenazas para la realización de sus derechos.
Un tercio de las venezolanas se encuentra fuera del mercado laboral y, entre las ocupadas, apróximadamente el 52% se encuentran en el mercado informal. 68% de las víctimas de redes de tráfico en Venezuela son mujeres, 1 de cada 5 víctimas son niños, niñas y adolescentes y 7 de cada 10 personas son niñas mujeres.
La desigualdad laboral y política sigue afectando a las mujeres venezolanas. En los comicios electorales de 2021, de 2,730 postulados para 335 alcaldías, solo 496 fueron mujeres (18%), resultando electas apenas 60 alcaldesas (18% de alcaldías). De las 183 personas postuladas para las 23 Gobernaciones, 20 fueron mujeres y de ellas solo 2 fueron electas (8,7%). Un 56,4% de las mujeres trabajadoras de la Administración Pública recibe una menor remuneración frente a los hombres en las mismas ocupaciones.
Venezuela posee una de las tasas de embarazo adolescente más
altas de la región alcanzando el 85,3%. Según AVESA, el 58,6% de las mujeres
consultadas no pueden pagar el costo de una consulta médica ginecológica y su
tratamiento, de 10 solo 3 han recibido asesoría médica y educación formal
suficiente sobre Infecciones de Transmisión Sexual y métodos anticonceptivos y
de prevención.
A pesar del escrutinio internacional, los abusos siguen
generando víctimas
En 2021 las instancias internacionales de protección de los Derechos Humanos, mantuvieron su mirada sobre Venezuela. La gravedad de las violaciones documentadas, les han obligado a afianzar el monitoreo e investigación sobre lo que viene ocurriendo en el país.
En una decisión histórica, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Sr. Karim Khan, anunció el pasado 04.11.2021, su decisión de abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esta es la primera decisión de esta naturaleza que se dicta en el continente y constituyó, en opinión de Provea, un paso gigantesco en el camino de las víctimas para obtener justicia.
No obstante, durante 2021 continuaron los abusos.
La alta letalidad en el accionar de la fuerza pública continuó en 2021. Policías y militares produjeron la muerte, en todo el territorio nacional, de 1.414 personas. Siendo nuevamente resultado de una política de Estado, de violaciones masivas y sistemáticas del derecho a la vida, y evidencia de manera categórica que la actuación de los agentes del Estado sigue contrariando las normas nacionales e internacionales sobre el uso diferenciado y progresivo de la fuerza, obviando la obligación de no causar privaciones arbitrarias de la vida.
Estamos ante una situación de miles de presuntas ejecuciones extrajudiciales, las cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad, competencia de la Corte Penal Internacional (CPI).
Luego de un alentador descenso registrado en 2020, un nuevo incremento en el número de víctimas de torturas, genera honda preocupación.
Entre los meses de enero y diciembre de 2021, Provea registró un total de 241 víctimas de torturas, un aumento de 148,4% respecto al número de víctimas reportadas en 2020, y el segundo registró más alto de los últimos 33 años.
Sumado a ello, el aumento de las técnicas de abusos basadas en la humillación y reducción física y psicológica de las víctimas, mediante las agresiones sexuales, genera especial preocupación.
En el 60,9% de las denuncias de torturas recogidas en el presente Informe Anual, las víctimas dijeron haber sufrido algún tipo de abuso sexual, que en varios casos incluyó violación.
El CICPC, fue señalado como responsable en 155 denuncias de torturas –con igual número de víctimas- para alcanzar el 64,3% del total de denuncias registradas en 2021.
Finalmente, las diversas acciones adoptadas en el ámbito de la justicia para evadir la acción de la Corte Penal Internacional fueron infructuosas y confirmaron que el Estado venezolano carece de voluntad genuina de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes cometidos de conformidad con los principios del Estatuto de Roma.
El prólogo de este Informe Anual fue escrito por Carolina
Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos
Latinoamericanos (WOLA).
