Rodolfo Montes de Oca
“Eso le paso a tu papa por estar
hablando tanta pistolada…”
-Mensaje anónimo recibido por la familia Mora
El pasado 27 de febrero se cumplió un año de la desaparición forzada de
Alcedo Mora en Mérida, supuestamente secuestrado por personas vinculadas a la
extracción de gasolina del territorio nacional con destino a Colombia, con la
anuencia y complicidad de trabajadores de PDVSA y funcionarios de la Gobernación de ese
estado.
Su luctuoso “extravío” coincidió con la desaparición de 28 mineros en
Tumeremo en el estado Bolívar, por parte de una banda delictiva dedicada al
extractivismo de oro, con la posible anuencia de los cuerpos de seguridad
municipales. No es casual que algunos sobrevivientes de este hecho informaran
que había personas con chalecos antibalas y las siglas “Sebin” y “CICPC”
impresos en sus pechos.
Ambos casos no solo son victimas de la política depredadora de un
posible sector del oficialismo y del hampa, que se han dedicado a la extracción
de commodities para enriquecer sus arcas personales. Resulta paradójico que una
partida de galfaros pueda realizar una actividad extractivista de gran
envergadura sin la anuencia y complicidad de las autoridades locales.
Esto nos lleva a plantearnos la posibilidad de que en Venezuela se este
practicando la desaparición forzada de personas como una política de Estado.
Según la Convención
Internacional para la protección de todas las personas contra
las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas, en el artículo 2 se
entiende por desaparición: “…el arresto,
la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que
sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan
con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la
negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la
suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección
de la ley…”
Tal y como se desprende del párrafo anterior, la aquiescencia del Estado
es una de las principales razones por lo cual podríamos hablar en estos casos
de la desaparición forzada, debido a la precaria participación y escasos
resultados arrojados por parte de los órganos judiciales.
Es necesario acotar que aunque el Ministerio Público se ha movilizado
para determinar responsables y en ambos casos el Defensor del Pueblo se ha
pronunciado, la misma es escueta y solo determina los responsables de los
autores materiales y no los intelectuales. No se investiga de fondo la compleja
maquinaria de bienes y personas que se debe poner en funcionamiento para
extraer gandolas de gasolina en la frontera o para mantener campamentos donde
se extrae oro que cuentan hasta con comedores.
Hoy el nombre de Alcedo Mora se mezcla con el de 28 mineros y con los y
los hermanos Esneider y Eliecer Vergel, todos ellos victimas de la política
extractivista. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
