Rodolfo Montes de Oca
El proyecto de Ley
para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras violaciones de
los Derechos Humanos por razones políticas y Reparación e Indemnización a las
Víctimas, período 1958-1998, conocido como Proyecto de Ley contra el Silencio y
el Olvido, aprobado en primera discusión ante la Asamblea Nacional
Entre las
finalidades del proyecto se enuncia la identificación de los autores de
violaciones de derechos humanos, como expresión de prácticas de “terrorismo de
Estado”. El proyecto califica como tal a los actos de violencia por razones
políticas, planificadas y ejecutadas por el Estado, amparados en la doctrina
anticomunista[3].
Esto
se corresponde con el funcionamiento dentro del Ministerio Público de una
oficina encargada de las investigaciones por los crímenes cometidos por agentes
del estado en las décadas de los años 60, 70 y 80[4]. De hecho, la Fiscal General de la República , la
Dra. Luisa
Articulado del proyecto
El proyecto está
estructurado en 4 capítulos. El primero de ellos ofrece una serie de
definiciones, así como la enunciación de los objetivos generales de la ley.
El segundo capítulo
contempla la creación de la Comisión dela Verdad yla Justicia [5]. Esta será la encargada de recopilar información sobre las víctimas,
para facilitar la reparación de los daños; de la recepción de denuncias y
apertura de investigaciones para remitir las resultas al Ministerio Público; y
de brindar ayuda en la localización de los restos de aquellas personas que
fallecieron como consecuencia de torturas o crímenes definidos en el texto del
proyecto, tales como desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas y masacres.
Llama la atención
que la ley le otorgue a la comisión potestad para dictar normas que establezcan
los medios para la reparación de las víctimas, como una especie de potestad
reglamentaria de la Ley ,
así como para el rescate de la memoria histórica, pues a su cargo se encuentra la formación de
archivos y registros sobre víctimas de violaciones a derechos humanos en el
período 1958-1998.
Asimismo, la Comisión editará una
publicación donde difundirá los acuerdos, resoluciones, sentencias judiciales y
medidas vinculadas con los objetivos de la Ley. El
Se contemplan una
serie de reparaciones de índole moral a la víctima, tales como: declaratoria
pública de los desaparecidos como combatientes por la democracia popular,
liberación nacional y socialismo; esclarecimiento de acusaciones fraudulentas
contra las víctimas; nulidad de medidas administrativas o judiciales que
menoscaben el ejercicio de derechos
civiles y políticos de las víctimas, entre otras.
No queda muy claro
cómo se llevará a cabo la reparación de índole económica, pues al respecto el
artículo 17 del proyecto tan sólo permite vislumbrar que la misma será
determinada en los procedimientos penales que al efecto se lleven a cabo, con
la presencia de la Procuraduría Generalla República
en representación de los intereses del Estado. Las reparaciones previstas en el Proyecto van
dirigidas tanto a las víctimas directas, como a sus familiares (artículo 19).
Finalmente, el capítulo cuarto habla sobre la
documentación y rescate de la memoria histórica vinculada con las víctimas de
la violencia de Estado durante el período 1958-1998. Esto incluye la creación y
actualización de archivos, la demarcación de lugares y realización de eventos
públicos.[6]
[1] Durante el periodo de 1948 hasta 1959 se realizaron cotidianas
violaciones de los Derechos Humanos, Políticos y Civiles de varios ciudadanos
por su militancia partidista contraria a la Administración Militar.
Muchos de los casos entre los que cuenta la creación de centros de reclusión
como Guasina, la ejecución de cuadros políticos y militares (Casos Leonardo
Ruiz Pineda o Wilfredo Omaña) o la expulsión del país. Al respecto la mejor
recopilación sobre las violaciones cometidas contra ciudadanos, se encuentra en
el libro “Los Archivos del Terror: 1948-1958, la década trágica” de José
Agustín Catalá, editado por la
Gobernación del Estado Miranda. 1998.
[2] Durante los últimos 12
años de Administración Bolivariana, se han realizado violaciones de Derechos
Humanos como son los Casos de Ejecución y Desaparición Forzada de personas
durante el deslave de Vargas en Diciembre de 1999, la presencia de grupos
para-policiales en Guarico y Zulia conocidos como “Exterminio”, tortura (Caso
del soldado Wildre Granado) así como la violación del debido proceso de civiles
(Casos jueza Afiuni, Rubén González y Sabino Romero)
[3] Los casos de
desaparición forzada y ejecuciones
sumariales que se pueden investigar se enmarcan dentro del contexto de la repuesta
gubernamental iniciada por las Fuerzas Armadas y Servicios de Inteligencia
contra los grupos subversivos (FALN y sus derivados: PRV, Punto Cero, OR, GCR,
BR-FAS y BR-ML) dentro del contexto de una guerra de guerrillas que se extiende
desde el periodo de 1961 con la plenaria del Partido Comunista de Venezuela
donde se decide iniciar la lucha armada hasta 1994 con la desmovilización del
Frente Américo Silva de Bandera Roja.
[4] Algunos de los hechos mas
sonados fueron la tortura y ejecución de guerrilleros en los Teatros de
Operaciones (TO), el del profesor Alberto Lovera, los hermanos Bottini Marin,
Jorge Rodríguez (padre), la masacre de Cantaura, Yumare y El Amparo, entre
otras.
[5] Esta iniciativa se
asemeja a la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación
(CVR) del Perú. Que estuvo
encargada de elaborar un informe sobre la violencia armada interna,
vivida en el país andino durante 1980 y 2000.
Fue creada en junio de 2001
por el presidente provisional Valentín Paniagua, convocando a diferentes
miembros de la sociedad civil. Además de investigar la violencia terrorista del
Partido Comunista del Perú (PCP-Sendero
Luminoso) y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru
(MRTA), profundizo en las causas que generaron la violencia y en la dura
represión militar contra estos movimientos armados, que cobró principalmente
víctimas civiles. Para ello, recogió el testimonio de 16985 personas y organizó
21 audiencias con las víctimas de la violencia, a las que asistieron más de
9500 personas. El Informe Final se hizo público el 28 de agosto
del 2003,
ante el presidente peruano Alejandro
Toledo. Otro ejemplo pero que no se concreto fue la Comisión de la Verdad que se propuso crear
en Venezuela después de los sucesos del 11,12 y 13 de Abril de 2002 que
convulsionaron el país.
[6] Sobre esto el oficialismo ha realizado pequeños experimentos como es
la adecuación del Cuartel San Carlos, antigua prisión política en la Fundación
Anti-imperialista “Capitán de Navío Manuel Ponte Rodríguez”,
donde funciona un museo en memoria de los detenidos y desaparecidos durante la
lucha armada.
[7] La
Guerra Civilla Revolución Socialla Generalidad de Cataluña y el Partido
Comunista, por el otro. Fue el punto culminante del enfrentamiento entre la
legalidad republicana de la preguerra y la transformación radical que
pretendían los alzados, situación que estaban en roce constante desde el 18 de julio
de 1936.
Al respecto se recomienda leer el libro de Ferran Gallego, “La crisis del
antifascismo: Barcelona, Mayo 1937”
de la Editorial
Debolsillo. Marzo.2008.
