Rodolfo
Montes de Oca
El pasado 10 de febrero de 2016, se publicó en la Gaceta Oficial nro. 40.845 el decreto
nro. 2.231 por parte de la
Presidencia de la República donde se crea la Compañía Anónima
Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), la cual estará
adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
La creación de esta empresa estatal se une a la
promulgación el pasado 24 de febrero de la “Zona de Desarrollo Estratégico
Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)” mediante el decreto nro. 2.248 de la Presidencia de la Republica y publicado en
la Gaceta Oficial
nro. 40.855 donde se crea una zona franca de 111.843 km2, que comprende el
12,2% del territorio nacional, para la explotación minera por parte de 150
empresas extranjeras y nacionales en donde se encuentra CAMIMPEG.
Esta iniciativa creada por el Ejecutivo
Nacional según el artículo nro. 2 del referido decreto tendrá como objeto: “…Todo lo relativo a las actividades licitas
de Servicios Petroleros, de Gas y Explotación Minera en general, sin que esto
implique limitación alguna…”; Con lo cual no solo se afirma en su extenso
objeto que tendrá funciones de
exploración y explotación, si no que también podrá comercializar, exportar,
importar y ejecutar obras públicas, lo que lo lleva a competir en igualdad de
condiciones con la industria Petróleos
de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA)
Llama poderosamente la atención que la
actividad de extracción y explotación de hidrocarburos que es un monopolio
exclusivo del Estado y que el mismo es ejercido por PDVSA tenga un competidor
directo en igualdad de condiciones que la principal empresa del país. Por lo
cual debemos empezar aseverar que el petróleo es de los venezolanos y de las
FANB en igualdad de condiciones.
Lo mismo ocurre con la actividad aurífera desde
que el 23 de agosto de 2011, el presidente Hugo Chávez, firmó el Decreto con
Rango Valor y Fuerza de Ley para nacionalizar la explotación del oro y
actividades conexas para continuar fortaleciendo la economía nacional; la cual
fue publicada en la Gaceta Oficial
Extraordinaria nro. 6.150 del 18 de noviembre de 2014. La cual fue la
culminación de una serie de políticas públicas que fracasaron como el “Plan
Caura”, “Misión Piar” y la “Reconvención Minera”.
Un punto vital de la formación de CAMIMPEG se
encuentra en su artículo nro. 4 donde se establece que el capital social de la
empresa será suscrito y pagado en su totalidad por la Republica Bolivariana
de Venezuela; con lo cual queda en evidencia de que es el ciudadano a través de
los desgrávamenes el que financiara el funcionamiento de una empresa
extractivista que solo beneficiara al estamento militar. El impuesto con el
cual pecharan este año a la experiencia cooperativista de Cecosesola, que no
genera renta, ira de una u otra forma a financiar la explotación aurífera en el
estado Bolívar.
De forma alevosa en el artículo nro. 9, el
legislador remite el funcionamiento de la empresa al Acta Constitutiva, los
Estatutos y su reglamento interno. Sin embargo el pasado 8 de marzo, el viceministro
de Defensa, Alexander Hernández afirmo en rueda de prensa que: “…tiene previsto comenzar sus operaciones en
menos de un mes…”; con lo cual se puede intuir sin hacer mucho esfuerzo, que
CAMINPEG como sujeto jurídico deben reposar en un registro mercantil, al cual
todos los venezolanos podemos tener acceso, para poder así ver el capital
subscrito, su junta directiva y ver como funcionan.
Hoy en día, las FANB actúan en Venezuela como
el agente económico más poderoso, no solo cuentan con el monopolio exclusivo de
las armas, si no que tienen televisora, radios, un banco e industrias que van
desde la agricultura hasta el ensamblaje de vehículos para su comercialización.
Todo esto pone de manifiesto que el ejército
esta construyendo un Estado paralelo en el país donde poder gestionar con
dividendos la renta pública. Militarizando la sociedad y convirtiéndonos en sus
reclutas involuntarios. ¡Rompamos filas!