Rodolfo Montes de Oca
El 19 de abril de 2008, en la gaceta oficial nº 5.880, el ejecutivo
nacional promulgo el decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del
Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional. Con el oprobioso aval de
algunas ONG’s y el oportuno silencio de los opositores mediáticos del chavismo.
Esta ley fue decretada como parte de la política de control social y para poner
un supuesto freno a las actividades delictivas en el país, que en 10 años de
gestión bolivariana se han incrementando de manera nunca antes vista por estos
predios.
Es por ello, que adentrándome desde sus orígenes (inseguridad) hasta
sus desperfectos, he redactado este escrito que busca desenmascarar y poner en
evidencias un dispositivo jurídico que en vez de traer soluciones solo servirá
de excusa para la reestructuración del nuevo brazo punitivo del Leviatán.
Eso que llaman
“Inseguridad”
Para comenzar tenemos que decir que la crisis actual del postfordismo y del Estado de
Bienestar, en su versión yanki o boliburguesa, ha traído consigo un cambio
profundo en las formas de concebir y ejecutar el control social. Esto ha sido
posible gracias a la creación de un ambiente de inseguridad ciudadana, producto
de una mercantilización de la vida, de una banalidad de deseos y sobre todo por
la envidia y codicia que desde el poder se estimula en las personas. He allí el
caldo de cultivo para que Venezuela se haya convertido en una de las regiones
con más alto índice de criminalidad.
La inseguridad y todo lo que de ella deriva (miedo, autocontrol
de los ciudadanos, no-disfrute de los espacios publicos, auto-encarcelamiento
en sus viviendas por parte de la población civil) degenera inevitablemente en
un estado de incertidumbre que silencia y mantiene a la sociedad aislada en una
dinámica de terror auto-impuesta. Es por ello, que la delincuencia en Venezuela
es usada como un órgano de control social, más que como un posible problema a
solventar.
La estigmatización de determinados grupos sociales (tuckis,
pobres, malandros) se ha aunado con una oportuna gestión del miedo. La
criminología actual, cada vez más alejada de consideraciones resocializadoras,
degeneró hasta apostar decididamente por el control punitivo del delito, más
que por incidir en sus causas, teniendo como resultado que prefiera finiquitar
el conflicto con la exclusión permanente (reclusión) del posible “infractor”
más que por opciones de reintegración
social. Es en este nuevo escenario que se inserta el proyecto bolivariano de
creación de la Policía Nacional.
En pocas palabras y para continuar con nuestro análisis,
debemos decir que la inseguridad actual en Venezuela fue una condición generada
por el gobierno que sirve de excusa para la implantación de un órgano de
represión altamente tecnificado, que evitase cualquier posible brote
contestatario dentro de las comunidades cada vez mejor organizadas, bajo la
excusa de combatir la inseguridad
Criticas
Este macroproyecto de seguridad alberga en su interior una serie de
contrariedades y falsos preceptos que solo buscan ser soluciones temporales a
un conflicto que se desborda, es por ello, que para su compresión he decidido
separar las criticas en 3 módulos, para su mejor discusión.
1- Los falsos principios de esta ley
Lo ridículo suele ser parte de la retórica de esta sociedad del
espectáculo; así, en el Art. 11 de la Ley de Policía Nacional, se establece que
el cuerpo de policía actuará con apego a los derechos humanos, lo cual
representa un mordaz insulto a la inteligencia, pretendiendo que un brazo
represivo y ejecutor del Estado garantizará los derechos de los ciudadanos,
cuando es publico y notorio que para el “eventual cumplimiento” de sus
actividades de custodia necesitara en la práctica violentar algunos de estos
“derechos” en vísperas de evitar “males mayores” o posibles delitos,
como bien lo establece el nº 2 del
articulo 4 de la citada ley.
Por su parte los artículos 13 y 14 ejusdem, establecen los principios
de Universalidad e Igualdad, así como el de Imparcialidad del órgano de control
con relación al colectivo social, lo cual representa una incongruencia y una
falacia retórica debido a que se implanta en un sistema socio-cultural que se
cimienta en la desigualdad social entre los incluidos y los excluidos del
sistema, es decir, la “igualdad” como valor universal es inviable en una
sociedad de clases y en el cual la propiedad privada es protegida por el
estado. Por consiguiente la nueva policía nacional no opera de conformidad con
la “imparcialidad” e “igualdad” que predica porque siempre habrá preferencia
en determinados grupos sociales.
2-La Institucionalización de la Represión
Los juristas del Estado son claros en sus pretensiones y en lo que buscan
con sus dispositivos legales. El articulo 4 de la Ley de Policía Nacional en su
nº 1, establece como uno de los fines de la policía el de “garantizar la paz
social”, esta es entendida como la continuación inalterable del actual
estado de las cosas y de los pilares que lo sostienen. Es decir cualquier
tendencia o grupo que, bien sea por la vía abierta de la lucha armada o de las
ideas, pretenda contrariar este orden será automáticamente criminalizado por
este organismo.
En el artículo 9 de la Ley de Policía Nacional, se establece una
ridícula relación simbiótica entre las comunidades y los consejos comunales con
la policía nacional. Enmascarado en una difusa correlación de información, solo
generar una distorsión de principios que llevará a convertir los grupos y
organizaciones comunitarias en comités de inteligencias que sirvan para
reprimir las comunidades que supuestamente dicen representar. Esto es reforzado
por el art. 11, que establece la cooperación total entre ambos grupos, o la del
art. 16, que nos habla de una posible “participación ciudadana” que no
se especifica de qué forma y cómo será. La delación sigue siendo una virtud en
el Estado bolivariano.
Tan extendida es la mentira en estas tierras que en el Capitulo IV,
bajo el rotulo de “control de gestión y la participación ciudadana” (Art. 77,
78, 79 y 80) se establece una supuesta contraloría social por parte de los
Consejos Comunales a través de la “elaboración de planes y programas
referidos a la seguridad ciudadana” (Art. 78 ejusdem), lo que en las
actuales circunstancias es letra muerta, dada la poca operatividad de los
consejos comunales que se encuentran sumergidos en las propias dinámicas
locales de subsistencia, subyugados por el control monetario que ejerce el gobierno
sobre ellos.
En el articulo 34 de la citada ley, en su capitulo I de las
atribuciones comunes de los cuerpos de policía, el nº 2 establece: “proteger
a las personas y comunidades, frente a situaciones que constituyan amenaza,
vulnerabilidad, riesgo o daño para la integridad física, sus propiedades y sus
habitantes”, enunciado susceptible a múltiples interpretaciones,
constituyéndose en la nueva caja de Pandora, donde se esconde el control total
y absoluto de la sociedad. ¿Qué se puede determinar como una amenaza,
vulnerabilidad, riesgo o daño para la integridad física, sus propiedades y sus
habitantes?, prácticamente cualquier conducta no convencional -sin necesidad de
ser abiertamente sediciosa ni remotamente insurreccional- puede considerarse
como “amenaza”, es decir, desde un joven haciendo un graffiti hasta una
manifestación para exigir al gobierno local que repare las calles pueden ser
entendidos como situación riesgosa para la seguridad nacional, o alocada
incitación al delito.
3- Al mando del Rambo Bolivariano
La Ley de Policía Nacional establece como órgano rector de la nueva
institución, al Ministerio de Interior y Justicia (MIJ), actualmente bajo el
mandato del tristemente celebre Ramón Rodríguez Chacin, una suerte “súper
agente del proceso” compinche directo del “gatillo alegre” de la IV
Republica, Henry López Sisco, notorio por las matanzas de Cantaura, Yumare y El
Amparo. Esta ley busca reagrupar a todas las policías municipales, estadales y judiciales
del país bajo una sola estructura al mando del MIJ, pero excluyendo de ella a
la policía política de la IV y V Republica, la DISIP, celebre por tropelías
contra los activistas sociales y que reiteradamente ha sido usada como
instrumento de represión contra la protesta colectiva.
Otra incongruencia latente es que la ley establece un Consejo General
de Policía, compuesto por el ministro, gobernadores, alcaldes y la Defensoría
del Pueblo, como si de un conclave se tratara. Aunque en teoría es un buen paso,
sabemos que la práctica anti-federativa de nuestras relaciones sociales hace
casi inviable dicho Consejo General. El federalismo en Venezuela es retórica
populachera usada por los oportunistas de siempre para acceder algún puesto de
mando.
Tiranos que sonríen en campaña electoral
Si en algo se dan la mano los políticos chavistas y de oposición es en
sus ansias de controlar lo incontrolable, sus vocingleras campañas prometen
mano dura contra la delincuencia y “tolerancia cero” contra lo que
llaman “delitos menores” (pegar
afiches, manifestar sin permiso, grafitear una consigna o apedrear un cajero)
con esto y con eventuales proyectos de policías pretenden controlar un eventual
estallido social que cada día se hace mas latente, porque saben que de él no
recogerán nada provechoso para sus aspiraciones personales, porque la falsa
dicotomía entre ambos bandos se reduce a una toma eventual del poder político
para disfrutar de sus dadivas. Como decimos algunos: son dos caras de la misma
moneda.
Ellos, los de siempre, a quienes solo les importa la campaña electoral,
no pretenden cambiar las situaciones que generan la “inseguridad” porque
saben que para erradicar de raíz lo que la sociedad considera como delito
tendrían que echar al traste todo el sistema sociopolítico actual y ese reto
solo los anarquistas tenemos disposición de asumirlo. Mientras te sonríen desde
la publicidad electoral y buscan tu voto, ellos preparan los grilletes con que
te encadenaran.
Soluciones
La criminalidad es un fenómeno sociocultural propio de los sistemas
capitalistas de producción y de manejo de los bienes. La ley vino a sustituir lo que en el pasado era
la “guerra”, que no es más que la invasión del dominio ajeno (no solo en su
sentido territorial). Esto sumado a la consolidación de los Estados, la
demarcación de fronteras y del trabajo asalariado como única fuente “honesta”
de acceder a mejores condiciones, son las mezclan infalibles que generan el
coctel de la delincuencia
El delito siempre estará presente en las sociedades de desigualdad e
injusticia, su erradicación es simplemente una falacia dicha por algunos para
tener un puesto salidor en cargos ejecutivos o legislativos. El temor y el
miedo que genera la inseguridad son las armas que pretenden usar como excusa
para controlar la sociedad con el fin ultimo de mantener el status quo. Ni nuevas policías, ni cámaras de seguridad, ni
mejores armas acabaran con la delincuencia cuando las razones que la generen se
mantienen inalterables. Solo una transformación total y absoluta de las
condiciones del vivir colectivo podrá generar nuevas situaciones donde la “delincuencia” ya
no sea un problema.
Es público que desde siempre el anarquismo ha tenido una perspectiva a
contracorriente sobre el fenómeno delictivo; eso no es nada nuevo, sobre todo
porque nuestra idea es el antagonismo total al Estado y a sus leyes que solo
buscan preservar una estructura de opresión. Es por ello que muchas veces
nuestra lucha ha tomado caminos que el poder autoritario se complace en tildar
de “delictivos”. Sabemos que esa ley busca de manera indirecta perjudicarnos
como anarquistas, hoy somos calumniados como “pequeños burgueses” pero sabemos
que mañana seremos presentados como “criminales” que solo buscan acabar con la
“paz social” que dice defender la nueva policía nacional. Por supuesto, no nos
quedaremos en silencio y seguiremos luchando por que la tortilla se vuelva.
