Rodolfo Montes de Oca
"Todo aquel que presta
fidelidad al ordenamiento jurídico con cierta fiabilidad tiene derecho a ser tratado
como persona y quien no lleve a cabo esta prestación puede ser
heteroadministrado, lo que significa que no será tratado como persona" -Günther Jakobs-
El Derecho penal del enemigo es la expresión
acuñada por el jurista Günther Jakobs en 1985, para referirse a las normas que
en el Código Penal alemán sancionaban penalmente conductas, sin que se hubiere
afectado el bien jurídico, pues ni siquiera se trataba del inicio de la
ejecución. Estas normas no castigan al autor por el hecho delictivo cometido si
no que reprimía al sujeto por considerarlo peligroso.
Günter sostiene que hay que distinguir entre
delincuentes que han cometido un error y aquellos que pueden destruir el
ordenamiento jurídico. Los primeros son personas y deben ser tratados como
tales, pues ofrecen garantía cognitiva suficiente de un comportamiento
personal. A quienes no ofrecen esa seguridad cognitiva, el Estado no debe
tratarlos como persona, pues entonces vulneraría el derecho a la seguridad
estatal.
Estas premisas de carácter autoritario parecen
haber sido recogidas por el legislador venezolano, para dictar una de las leyes
más arbitrarias del ordenamiento jurídico local como es la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada
y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT) y de la cual nos ocuparemos en este
articulo.
Imponiendo su santa
voluntad
En 1872, el filosofo Rudolf von Iering pública
su obra “Der Kampf ums Recht” en el
cual se establece que el Derecho es una idea que parte de su propia antítesis,
es decir, por un lado tiene el objetivo de conseguir la paz social, y por otro
es en esencia la lucha contra aquello que la perturba. Así, el Derecho se
encargaría de dictar normas que regulasen las relaciones dentro de una
sociedad, y a la vez, se encargaría de luchar contra lo que el legislador
considera el injusto jurídico.
Esta máxima que será conocida como “la lucha del derecho”, se establece que
dentro de las ciencias regulatorias el principio punitivo no proviene de una
manifestación de los pueblos como establecía su contraparte Friedrich Karl von Savigny, si no que el
Derecho era producto de las posiciones activa de unos sujetos que luchaban por
su instauración. Es por ello, que hablar de leyes y de reglamentos, es hablar
de la imposición de un puñado de hombres que saben dominar a sus
semejantes.
Esta premisa será recogida por las dos familias
del derecho, la del civil y la del commow law, como una forma de regular el
comportamiento humano dentro de sus fronteras, para ello, el legislador se
ampara en las normas máximas para reglamentar de forma autoritaria el devenir
de la sociedad bajo la ficción de la democracia representativa o en nuestro
contexto bajo el mote de “socialismo”.
Por ello y a la par con las teorías de Günther
Jakobs, todo aquello que busque subvertir el orden impuesto o que se demuestre
manifiestamente en desacuerdo con él, bien por que adhiere una corriente
revolucionaria o bien por que no simpatizar con el desarrollo civilizatorio
occidental, lo hace sujeto de “terrorismo”
o un sujeto al cual poder aplicar el Derecho Penal del Enemigo.
Así podemos ver como tras el ataque a la Torres Gemelas de
Nueva York en el 2002, el FMI intensificó sus actividades para prevenir todas
las actividades económicas que sustentaran las actividades terroristas que
pudieran entorpecer el flujo de capitales a nivel mundial. En el año 2009
crearon un “fondo fiduciario” para
financiar la asistencia técnica en lavado de dinero (ALD) y financiamiento al
terrorismo (LFT). Estas iniciativas del Fondo se encuentran coordinadas con otras
instancias, como el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales
(GAFI), un organismo intergubernamental integrado por 36 miembros y creado en
la reunión del Grupo de los Siete (G-7) celebrada en 1989 en París. El GAFI
está encargado de elaborar normas de alcance mundial para combatir el lavado de
dinero y el financiamiento del terrorismo, funcionando en estrecha colaboración
con otros organismos internacionales fundamentales, como el propio FMI, el
Banco Mundial, Naciones Unidas y otros organismos regionales.
Es en este marco de regulaciones
internacionales es que la
Asamblea Nacional , publica y reforma la LODOFT para adecuarse a las
políticas de cooperación neoliberal sugeridas por el FMI. Este instrumento
jurídico cuenta con 89 artículos en los cuales resaltan situaciones como el
carácter genérico y poco claro en la definición de lo que es “terrorismo” y de lo que puede ser
considerado “un acto terrorista”, la
obligación de informar a las autoridades de cualquier sospecha, los denominados
“Delitos Contra la Libertad de Industria y
Comercio Obstrucción de la libertad de comercio”, la protección de agentes
encubiertos, la cooperación internacional y el rigor de las condenan que
oscilan entre 15 y 20 años de prisión.
¿Ficción? o cruda
realidad
La primera persona imputada por esta Ley, es el
joven exhibicionista Yendrick Sánchez, quien el pasado 19 de abril en plena
investidura de Nicolás Maduro, como presidente de Venezuela, interrumpe el
discurso para abalanzarse con un abrazo sobre el nuevo mandatario y demostrar
su afecto al “proceso”. Este
espontáneo quien ya era celebre junto a su primo Jhon Juan Salas, por hacer lo
mismo durante un discurso de Hugo Chávez, Henrique Capriles Radonski, Alejandro Sanz, le robaron un beso a Franco
De Vita y hasta una vez le quitaron la corona a la Miss Venezuela 2007
en pleno evento, para darse a conocer en los medios.
Este rochelero paga hoy su travesura con
creces, se encuentra detenido en el Complejo Penal de Coro con un juicio
abierto donde la fiscal 20º nacional, Katherine Harrington, acusó a Sánchez
González por la presunta comisión de los delitos de ofensa agravada al jefe de
gobierno y asociación ilícita para delinquir.
En un contexto de auge en las luchas populares,
que superaron las 5.300 el año pasado, el gobierno nacional ha demostrado ser
sumamente duro a la hora de perseguir a los que luchan, abriendo juicios por
protestar a más de 2.500 dirigentes campesinos, trabajadores, activistas
comunitarios, y otros luchadores, según cifras recogidas por el más reciente
informe anual de Provea. La entrada en juego de esta ley pone en riesgo las
acciones de protesta que desde ahora pueden ser consideradas como “terroristas”.
A estas acciones se suma la expedita
colaboración del gobierno venezolano con Colombia y España en la persecución de
organizaciones políticas incluidas en la lista de “terroristas” elaborada por el gobierno de los EEUU, como es la
expulsión de dirigentes vascos (Walter Wendelin) o la detención de “faracos” (Julián Conrado), lo que demuestra
una evidente contradicción entre la dirigencia bolivariana que parece dar
prioridad al Imperio del Norte que a sus afines anti-imperialistas.
Llámese Patriot Act, Paragraph
119 bgb, Decreto Ley sobre seguridad ciudadana o Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada
y Financiamiento al Terrorismo; en todos lados, los estados están reprimiendo
hasta la saciedad las expresiones de desobediencia que se multiplican como un
virus en un sistema de desarrollo que colapso y cuyo derrumbe o reforma se vuelve
inminente. Venezuela no es la excepción y para ello el Gendarme de Miraflores
se prepara desde ya con la excusa de la “lucha
antiterrorista” para el fin de la ilusión que se aproxima.
